Constitución política de la República de Colombia de 1991

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Constitución política de la República de Colombia de 1991

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La Constitución Política de Colombia de 1991, junto con sus reformas subsiguientes hasta el año 2005, es un documento fundamental en la historia política y social del país. Este texto constitucional, invocando la protección divina, fue creado por la Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de cimentar los pilares de la nación colombiana bajo principios de democracia, justicia, libertad y paz. A través de este preámbulo, la Constitución subraya la importancia de la unidad nacional, el respeto por la dignidad humana, y el compromiso con el orden social justo y la integración latinoamericana. El artículo 1 establece a Colombia como un Estado social de derecho, configurado como República unitaria y descentralizada, donde prevalece el respeto a la dignidad humana y la solidaridad entre sus ciudadanos. Este marco jurídico busca garantizar un orden político y social equitativo, promoviendo una sociedad democrática, participativa y pluralista. Por otro lado, el artículo 2 se centra en los fines esenciales del Estado, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Se hace énfasis en la importancia de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan y en la vida nacional, así como en la defensa de la independencia, la integridad territorial y la convivencia pacífica. El artículo 3 consagra la soberanía nacional en el pueblo, quien la ejerce de manera directa o a través de representantes, según lo establecido en la Constitución. Este principio subraya la estructura democrática del Estado colombiano, donde el poder público emana de la voluntad popular. La Constitución Política de 1991, con sus reformas hasta 2005, refleja un proceso de evolución y adaptación a las necesidades de la sociedad colombiana, buscando siempre el fortalecimiento de su estructura democrática y el bienestar de sus ciudadanos. Representa, por ende, un compromiso con el desarrollo social, económico y cultural de Colombia, enmarcado en un contexto de respeto por los derechos humanos y los principios de justicia social.